Celebramos la aprobación de la nueva Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social, redactada con el consenso y el apoyo de las organizaciones que integran este sector de la economía: cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradías, mutualidades, fundaciones sin ánimo de lucro y otras entidades.

Según la nota de prensa difundida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social (https://prensa.mites.gob.es/webPrensa/listado-noticia/noticia/4514), los últimos datos del INE revelan que el tejido productivo de la Economía Social española está constituido por un total de 127.532 empresas y entidades, de las que dependen 2.250.389 empleos directos e indirectos, y que dejan un total de 169.691 millones de euros de facturación.

Con esta ley se pretende actualizar el marco normativo de la economía social, ajustando un modelo eficaz a las nuevas circunstancias económicas y sociales.

En lo que atañe a la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, se busca su adecuación y actualización de manera que se recojan los ajustes necesarios para optimizar la eficacia del funcionamiento interno de las mismas en lo referido a las formas de participación y el ejercicio de derechos digitales o telemáticos. Por otro lado, el principio cooperativo de igualdad ha impulsado los avances de las cooperativas hacia una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. La norma persigue fomentar las sociedades cooperativas, a través de una legislación adecuada, que afronte los obstáculos detectados en los últimos años, en un momento especialmente oportuno para reforzar su papel en la generación y el mantenimiento del empleo de calidad.

Otra de las modificaciones que la norma establece es la Ley 44/2007 para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, como El Zaguán (https://elzaguan.org/) y el Centro Especial de Empleo “Creación y Montajes” (https://fundacionsmp.org/centro-especial-de-empleo-creacion-y-montajes/), iniciativas de la Economía Social de la Fundación San Martín de Porres. 

La norma mejora la definición de empresa de inserción, ordena los itinerarios de inserción y los adapta al objetivo final. Se desvinculan los conceptos de exclusión y vulnerabilidad de quienes pueden ser contratados por las empresas de inserción para abordar su estigmatización social. Dichos conceptos quedan exclusivamente vinculados a los factores externos, de orden económico, social, relacional, ambiental o personal a los que quedan expuestas las personas, dejándolas en una posición de desventaja, que ha de ser contrarrestada a través de un adecuado itinerario de inserción.

Las empresas de inserción operan en el mercado económico en igualdad de condiciones que el resto de las formas empresariales, con la singularidad de atender a una función social esencial para luchar contra las desigualdades. A través de esta ley, se realizan las modificaciones necesarias en la regulación de su funcionamiento interno para garantizar su competitividad de forma coherente con los principios que las mueven.

Propone clarificar las tipologías y el catálogo de entidades que integran el ecosistema de la economía social con el ánimo de incorporar las nuevas formas sociales hoy presentes en este ámbito. Se plantea acometer una resignificación de las políticas públicas de promoción de la economía social como forma de adaptación a la nueva realidad socioeconómica en la que operan las entidades que la conforman.

La ley eleva la contratación pública reservada, aumentando el porcentaje de contratos del sector público reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.

Consideramos que es una gran oportunidad para dar impulso a la economía social en nuestro país y potenciar una economía que cuida de las personas y del medioambiente, permitiendo que las personas con más dificultades para la inserción laboral, puedan desarrollarse a nivel profesional y personal.

Puedes conocer la nueva ley en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2026-7967