Hoy nos hemos reunido en esta plaza personas procedentes de diferentes territorios de todo el Estado. Somos participantes de entidades y organizaciones que configuran la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), personas que estamos trabajando y luchando para dignificar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, de la población que se ve afectada por los efectos de la pobreza y la exclusión social.
La pobreza es uno de los problemas más preocupantes de nuestra sociedad, una grave vulneración de derechos que nos afecta a millones de personas, y cuya erradicación está en manos de nuestros gobiernos: acabar con la pobreza es una decisión política. Es decir, es una cuestión de apostar por políticas que garanticen una vida digna para todas las personas, para todas las familias.
Nos hemos reunido en Cáceres con motivo del XVIII Encuentro Estatal de Participación de EAPN, para debatir precisamente sobre los servicios sociales, ese pilar del estado de bien estar que debería de ocuparse de la población más vulnerable de cada comunidad.
Sin embargo, miles de personas en nuestro país ven cada día vulnerados sus derechos por una falta de políticas sociales, por un sistema que no siempre resuelve los problemas, y por una acción profesional en la que a veces hay situaciones de discriminación o incluso violencia administrativa.
Hoy hemos convocado un minuto de silencio para denunciar, de forma simbólica, ese otro silencio, el silencio administrativo que nos condena a situaciones de vulnerabilidad, discriminación y precariedad inasumibles. A esperas interminables que suponen violencia administrativa.
Convocamos un minuto de silencio porque necesitamos acabar con la brecha digital que limita el acceso de muchas personas a los servicios sociales. La digitalización de los trámites administrativos supone, a menudo, un obstáculo para quienes carecemos de medios o conocimientos suficientes, perpetuando la pobreza y la desigualdad.
Pedimos también que se reduzca la burocracia excesiva y facilitar el acceso a las ayudas y prestaciones. El papeleo excesivo pone barreras en la vida de miles de personas, agravando situaciones de vulnerabilidad que requieren actuaciones urgentes, y no laberintos burocráticos.
A su vez, no podemos disfrutar de nuestros derechos si ni siquiera los conocemos. Es responsabilidad de las Administraciones ofrecer información suficiente y accesible para todas las personas. Garantizar que la población conozca las ayudas disponibles es, en definitiva, una cuestión de justicia social.
Y, por supuesto, es necesario definir políticas con una dotación presupuestaria suficiente. Invertir en derechos sociales es invertir en las personas, garantizar el desarrollo de una vida plena y digna, y de una sociedad más cohesionada, inclusiva, igualitaria y justa.
Además, la Administración no puede olvidar que somos personas quienes estamos al otro lado de las ventanillas o al otro lado de las pantallas. Queremos que las y los trabajadores cuenten con recursos suficientes y salarios dignos, pero también con una formación adecuada con enfoque social, de género e intercultural, que garantice la igualdad y responda a la realidad diversa de nuestra sociedad. Porque, en definitiva, luchar contra los prejuicios, la discriminación, la aporofobia y la violencia administrativa es una cuestión de derechos.
Y, por supuesto, quienes hemos experimentado situaciones de pobreza o exclusión queremos ser partícipes de las políticas que decidirán sobre nuestras vidas. La participación es un valor democrático imprescindible.
Hacemos un minuto de silencio porque son urgentes medidas que erradiquen la pobreza. Las soluciones no pueden esperar más, deben ir de la mano de un sistema que nos ponga en el centro a las personas y que parta de nuestra experiencia vital.
Acabar con la pobreza es una decisión política. Y no hay otra decisión posible. Os invitamos a todas y a todos a sumaros a este minuto, porque callar ahora un minuto, es defender una vida digna para todos los días.
